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La contratación del Sector público

Me ha parecido conveniente dar unas breves pinceladas introductorias a la situación actual de la contratación en el ámbito del sector público. La norma aplicable es, primordialmente, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la cual resulta de aplicación a los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las Administraciones Públicas, entre otros, con el sector privado.

1) TIPOS DE CONTRATOS

Los contratos pueden clasificarse de la siguiente forma:

  • Contratos de obras: se refieren al conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinados a cumplir por sí mismos una función económica o técnica, que tengan por objeto un bien inmueble.
  • Concesión de obras públicas: tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones contempladas en el apartado anterior, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, bien en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
  • Gestión de servicios públicos: será aquél contrato en virtud del cual una Administración Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia.
  • Suministro: tienen por objeto la adquisición o el arrendamiento de productos o bienes muebles (ejm: adquisición o arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos).
  • Servicios: aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro (ejm: mantenimiento, reparación, transporte, telecomunicación, I+ D, publicidad, limpieza, hostelería, servicios jurídicos, educación, sociales y de salud). Se incluirán en esta categoría los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
  • Colaboración entre el sector público y el sector privado: son aquellos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un periodo determinado, la realización de una actuación global e integrada de obras o de suministros necesarios para el cumplimiento de determinados objetivos de servicio público. Sólo podrán celebrarse cuando previamente se haya puesto de manifiesto que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Es muy habitual la constitución de una UTE para contratar con el sector público.

 

2) PREPARACIÓN DE LOS CONTRATOS

La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano de contratación. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el expediente se justificará adecuadamente la elección del procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.

 

3) ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Sin perjuicio de las disposiciones relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial (secretos técnicos o comerciales y aspectos confidenciales de las ofertas). Por su parte, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas deberán anunciarse en el BOE. No obstante, cuando se trate de contratos de las Comunidades Autónomas o entidades locales se podrá sustituir la publicidad en el BOE por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales. Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de las ofertas. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en UTE con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE.

Los procedimientos de adjudicación pueden ser de 3 tipos, dependiendo de las particularidades de cada contrat

  • Abierto: todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
  • Restringido: sólo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con los solicitantes
  • Negociado: la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos.

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características medioambientales, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros semejantes. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato se detallarán en el anuncio o en los pliegos. La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en un diario oficial. Los que resulten adjudicatarios provisionales deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 % del importe de adjudicación, que les será devuelta si, aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, no resultaren responsabilidades. Cuando concurran determinadas circunstancias el órgano de adjudicación pudiera eximir del cumplimiento de dicha garantía, detallándolo así en los pliegos.

Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva.

Posted in miguelangelmata.com.

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2 Responses

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  1. Cristina says

    Qué página me recomendarías para buscar el porcentaje de los tributos cedidods a la Comunidad Autónoma de Andalucía?Es que tengo un trabajo de derecho financiero y ando algo perdida.
    Gracias

Continuing the Discussion

  1. sonda de temperatura linked to this post on 8 agosto 2014

    sonda de temperatura

    La contratación del Sector público – Miguel Angel Mata



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