El P2P y la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación

El pasado día 26 de mayo asistí junto a Andy a un interesante debate sobre la posible responsabilidad de los prestadores de servicios respecto a las descargas ilegales de obras a través de las redes P2P. Los ponentes y asistentes eran en su gran mayoría estudiantes y profesores en materia de propiedad intelectual con grandes conocimientos. Es por ello por lo que el nivel del debate se situó muy por encima de lo habitual.

El encuentro forma parte de una serie de actividades conexas al Master en Propiedad Intelectual que se imparte en la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por el Prof. D. Rodrigo Bercovitz.

Los ponentes fueron D. Miguel Toledano Lanza (Director de los Servicios Jurídicos de Orange-France Telecom), D. José Antonio Suárez Lozano (Socio Director del Despacho Suárez de la Dehesa) y D. Alfonso González Gonzalo (Profesor de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid), todos ellos moderados por D. Ignacio Garrote Fernández-Díez (Profesor de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid).

A continuación un resumen de las intervenciones:

1) D. Miguel Toledano

Comenzó exponiendo el panorama actual de la posible responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación respecto a las infracciones por parte de los usuarios finales de los derechos de autor a través de las redes P2P. Hizo una distinción entre las diferentes áreas de actuación:

Acto seguido comentó algunas propuestas prácticas frente a la situación actual, desgranado la “alternativa anglosajona” (respuesta graduada) y “francesa”, esta última muy criticada recientemente.

2) D. José Antonio Suárez Lozano

Comenzó lanzando una pregunta a los asistentes: ¿Deben los ISPs revelar la IP en caso de infracción de derechos de autor para ser la misma perseguida por vía civil? En su opinión, en todo caso debe primar el aforismos romano “Honeste vivere, alterum non laedere cuique suum tribuere” o lo que es lo mismo, “vivir honestamente, no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo”.

No cabe duda que el revelar la IP de un determinado usuario choca con el respeto a los derechos fundamentales, especialmente la privacidad y el secreto de las comunicaciones. En este sentido, analizó la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso que enfrenta a Promusicae y a Telefónica, de fecha 29 de enero de 2008, en la que el Tribunal concluye que según el Derecho Comunitario, éste

no obliga a los Estados miembros a imponer, en una situación como la del asunto principal, el deber de comunicar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil. Sin embargo, el Derecho comunitario exige que dichos Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a estas Directivas, procuren basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario. A continuación, en el momento de aplicar las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico interno a dichas Directivas, corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no sólo interpretar su Derecho nacional de conformidad con estas mismas Directivas, sino también no basarse en una interpretación de éstas que entre en conflicto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios generales del Derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad”.

En opinión de D. José Antonio Suárez, el sistema jurídico que rige esta materia ha sido creado “a medida” de las empresas de telecomunicaciones. Nos recuerda que España ha vuelto a ser incluida en la lista de los países que merecen una especial atención por su nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual (PDF).

En lo que respecta al secreto de las comunicaciones cuando los usuarios comparten archivos vía P2P, considera que al tener los usuarios una carpeta compartida, la comunicación deja de ser secreta. Ve una posibilidad de actuación frente a los infractores al final del art. 16.1 LSSI, cuando establece que se entenderá que el prestador tiene conocimiento efectivo por

“[…] otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse”.

No alcanza a comprender cómo alguien que sea víctima de una infracción de sus derechos de autor no pueda defenderse. ¿Dónde quedó el art. 1902 de nuestro Código Civil? Parece que se ha visto derogado para satisfacer así intereses de determinadas compañías y/o actividades. Esta es su opinión.

3) D. Alfonso González Gonzalo

Comenzó reflexionando sobre la situación actual en lo referido a la persecución de infracciones en materia de propiedad intelectual a través de redes P2P. Según él, esta es muy efectiva desde el punto de vista de la tutela legislativa y muy poco efectiva desde la tutela judicial, incluso para una posible identificación de los infractores.

Así, el art. 1 de la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones impide hacer uso de estos datos para la persecución de delitos de propiedad intelectual, ya que sólo se prevé la cesión para el enjuiciamiento de delitos graves. A continuación la redacción literal del mencionado precepto:

“Esta Ley tiene por objeto la regulación de la obligación de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación, así como el deber de cesión de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales”.

En su opinión, este precepto deja impunes a los usuarios ya sea frente a una persecución civil o penal por delitos contra la propiedad intelectual, el honor, a la propia imagen, etc. Por tanto, la única vía para los titulares de los derechos es dirigirse contra los prestadores de servicios de intermediación, frente a los que sólo podrán interponer acciones de cesación y no de indemnización por daños y perjuicios, debido a las dificultades que para ello impone la LSSI.

La solución que propone para hacer frente a esta situación es la celebración de acuerdos globales entre los titulares de derechos y los prestadores de servicios de intermediación, con plena validez ante el legislador, que podrá sancionar en caso de incumplimiento de los mismos. Dichos acuerdos contemplarían la identificación de los infractores, notificaciones de cesación, suspensión y/o desconexión de los usuarios infractores, así como el filtrado de contenido.

Respecto al secreto de las comunicaciones cuando los usuarios comparten archivos vía P2P, su opinión es idéntica a la vertida por D. José Antonio Suárez. Para él se trata de comunicaciones públicas y, aún en el supuesto de que estuviéramos ante comunicaciones privadas, si fuese el titular legítimo de los derechos el que se descargase las obras, esa comunicación en concreto sería secreta para ambas partes y el titular podría utilizar los datos que obtuviese de la referida comunicación para las finilades que considerase oportuno.

En definitiva, un debate lleno de contenido y que me permitió conocer a Ignacio Garrote, todo un referente en materia de propiedad intelectual en nuestro país. Estaré atento a futuros eventos y os mantendré informados.

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One comment on “El P2P y la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación
  1. Ramón dice:

    Yo discrepo ligeramente. TODAS las comunicaciones son privadas, se tenga una carpeta compartida o no.

    Esto es equiparable a la Web. Las transacciones son privadas (son descargas de ficheros, al final) y siempre hay derecho de privacidad.

1 Pings/Trackbacks para "El P2P y la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación"
  1. […] de Madrid; siempre suelo hacer una crónica puramente descriptiva de estos eventos, pero dado que Miguel Ángel ya lo ha hecho (además de forma impecable), voy a aportar mi opinión personal de lo que allí se […]

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