El coste real del establecimiento de llamada es de 1 céntimo

FACUA se dirigió el pasado 24 de enero al Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo tras conocer que Movistar subiría su tarifa por el inicio de cada conversación un 25%, en lugar de establecerla en relación a sus costes reales, como plantea la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios.

La Ley permite la “facturación por separado” de los costes que para las empresas “conlleve indisolublemente unido” el “inicio del servicio”, pero sólo “cuando se adecuen al servicio efectivamente prestado”. FACUA señaló al INC que la tarifa por establecimiento de comunicación no se ha fijado en 0,15 euros con el objetivo de adecuarla “al servicio efectivamente prestado”, sino como parte de una estrategia para no dejar de ingresar, e incluso aumentar, las cantidades que antes provenían de los redondeos al alza en la facturación por tiempo.

Pero además, FACUA recuerda que estas tarifas de interconexión (los peajes que se cobran las operadoras por el uso de sus redes) no están, ni de lejos, orientadas a los costes reales que representan a las compañías. La orientación a costes es un imperativo de Bruselas (Directiva 97/33/CE) y del Reglamento de Interconexión español, aprobado por el Real Decreto 1.651/1998, de 24 de julio).

Según un análisis realizado por FACUA sobre la base de las últimas contabilidades de costes de las compañías hechas públicas por la CMT, correspondientes a 2004, las tarifas de interconexión de Movistar estuvieron ese año nada menos que un 396,6% por encima de costes, las de Vodafone un 251,4% y las de Amena (hoy Orange) un 123,2%.