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La Ley 3/2014 modifica el Texto Refundido de Defensa de Consumidores y Usuarios

Con fecha 28 de marzo de 2014 entró en vigor en el BOE la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

A continuación las modificaciones a destacar:

  • Se armoniza la definición de “consumidor y usuario” y de “empresario”. Junto a lo anterior, se incorporan nuevas definiciones para dar claridad a la interpretación de la Ley. Entre otras, “contrato de venta”, “contrato de servicios”, “contrato complementario”, “establecimiento mercantil”, “soporte duradero”, “servicio financiero”, “subasta pública”, “contenido digital” o “garantía comercial”.
  • En relación a la tramitación de las reclamaciones, los servicios de atención al cliente deberán asegurar que el consumidor tenga constancia de una reclamación que hubiera impuesto (i.e. mediante entrega de clave identificativa). Si la atención es telefónica o electrónica se debe garantizar una atención personal directa. Asimismo, los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas en un plazo máximo de 1 mes.
  • Se considera infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios la obstrucción o negativa a suministrar las condiciones generales de la contratación por parte del empresario.
  • Se refuerza la información a suministrar al consumidor con carácter previo a la formalización del contrato. Así, adicionalmente a las ya existentes se incluyen algunas novedades. A título enunciativo, se deberá de informar de la existencia y las condiciones de los depósitos u otras garantías financieras que, en su caso, tengan que pagar o aportar a solicitud del empresario, incluidas aquellas por las que se bloquee un importe en la tarjeta de crédito o débito del consumidor. También se deberá informar de la existencia de la garantía legal, de las condiciones de los servicios posventa y de las garantías comerciales que otorguen, en su caso. Además, en los contratos de suministro de contenido digital, se deberá informar de las distintas formas de utilización del mismo y de cualquier limitación técnica (i.e. DRM o de interoperabilidad, aparatos y los programas estándar con los que el contenido digital es compatible, etc.).
  • Se regula, conjuntamente, los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil.
  • Se regula, de forma más amplia, del derecho de desistimiento en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento, siendo necesario que exista un formulario normalizado que el consumidor podrá utilizar opcionalmente y ampliando el plazo para su ejercicio a 14 naturales. En caso de que el empresario no facilite al consumidor la información sobre el derecho de desistimiento, se amplía el plazo para desistir del contrato hasta 12 meses después de la fecha de expiración del periodo inicial.
  • En relación con el uso de medios de pago por parte de los consumidores, se prohíbe a los empresarios el cobro de cargos que excedan el coste soportado por éstos por el uso de tales medios de pago.
  • En el caso de los contratos telefónicos, si el empresario llama por teléfono al consumidor para celebrar un contrato a distancia, deberá informar de su identidad y el objetivo comercial de la misma. Además, deberá confirmar la oferta al consumidor por escrito. El consumidor sólo quedará vinculado una vez que haya aceptado la oferta mediante su firma o mediante el envío de su acuerdo por escrito, en papel o mediante correo electrónico, fax o SMS.

Por supuesto, no son éstas las únicas modificaciones incluidas y, como es recomendable, deberá leerse detenidamente el contenido de cada uno de los artículos y esperar, para aquellos sobre los que se susciten dudas, cómo se interpretará por los tribunales competentes.

Podéis descargar el texto aquí.

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Plan de acción, desde la Comisión Europea, sobre el juego online

El juego online, en el seno de la UE, se caracteriza por la diversidad de las normas nacionales. A pesar de la obligación de los Estados miembros de cumplir la normativa de la UE, éstos pueden limitar la prestación de algunos o de todos los tipos de servicios de juego en línea sobre la base de objetivos de interés público que se intentan proteger en relación con el juego.

La Comisión hace público hoy un plan de acción, que consta de una serie de iniciativas para los dos próximos años encaminadas a clarificar la regulación del juego online y a fomentar la cooperación entre los Estados miembros. No se propone una normativa comunitaria sobre el juego online, sino un amplio conjunto de principios comunes y medidas en el ámbito de la protección.

Con esta iniciativa se pretende que los consumidores estén protegidos (especialmente lo menores de edad), y se trata de evitar el blanqueo de dinero y el fraude. Concretamente, la Comisión adoptará tres recomendaciones dirigidas a los Estados miembros:

  • La protección común de los consumidores,
  • La publicidad responsable del juego y
  • La prevención y la lucha contra el amaño de partidos debido a apuestas.

Estaremos atentos para ver cómo evoluciona esta interesante iniciativa…

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Se declaran nulas determinadas cláusulas de las Condiciones Generales de Iberia

El pasado 11 de septiembre de 2012, el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid dictó sentencia (descargar en PDF) en la que estimaba parcialmente la demanda interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Iberia.

A través de su demanda, la OCU ha conseguido que se declaren nulas (por considerarse abusivas) las siguientes cláusulas incluidas en las Condiciones Generales de Contratación de Iberia:

  • En caso de necesidad el transportista pude hacerse sustituir por otro transportista, utilizar aviones de terceros o modificar o suprimir escalas previstas en el billete. El transportista, salvo que otra cosa se indique en el billete, no asume la responsabilidad de garantizar los enlaces con otro vuelo en el punto de destino“. El Juzgado entiende que se trata de una exclusión de responsabilidad injustificada por parte de la aerolínea.
  • Dependiendo del tipo de tarifa, clase de servicio, estancia en destino, oferta, etc.  pude realizar su reserva para vuelos de ida o vuelta. Independientemente de la tarifa aplicada, si alguno de los trayectos comprados no se usa, automáticamente se cancelarán los trayectos restantes comprendidos en el mismo billete”. El Juzgado entiende que se trata de una potestad sin una justificación razonable para la compañía.
  • Iberia se verá obligada a rechazar el embarque a pasajeros con billetes bonificados que no puedan aportar el título de familia numerosa”. El razonamiento es el que sigue: las familias numerosas pueden acreditar dicha condición no solamente mediante el título de familia numerosa sino también a través del documento individual en vigor, expedido por la Comunidad Autónoma competente (Orden FOM/3837/2006). En segundo lugar, la sentencia considera desproporcionado que Iberia impida el embarque (y la pérdida de los billetes) de una familia numerosa por no presentar el título.

Sólo recordar que se trata de un fallo que no es firme y sí susceptible de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. Entiendo que Iberia recurrirá.

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Traducción al inglés y francés de normativa española

A través de un compañero he tenido conocimiento de una interesante sección, dentro de la página de Ministerio de Justicia, en la que podemos acceder a determinada legislación traducida al inglés y francés. Algunos ejemplos a continuación:

Inglés:

Francés:

Para la consulta de normativa consolidada en español, sigo recomendando el portal noticias.juridicas.com

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El Tribunal Supremo anula el art. 10.2.b) del Reglamento LOPD

En el año 2008, la FECEMD (actualmente, la Asociación Española de la Economía Digital) interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo para que este órgano jurisdiccional declarase la nulidad de pleno derecho del determinados artículos del Real Decreto 1720/2007, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Reglamento LOPD).

Mediante sentencia de 15 de julio de 2010, el Tribunal Supremo decretó lo siguiente:

  • Anular, por su disconformidad a derecho, los artículos 11, 18, 38. 2, y 123.2 del Reglamento LOPD, así como la frase del artículo 38.1ª) que dice así: “… y al respecto de la cual no se haya entablado reclamación judicial, arbitral o administrativa, o tratándose de servicios financieros, no se haya planteado una reclamación en los términos previstos en el reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado por Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero“.
  • Plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas (TJCE) sobre el artículo 7.f), de la Directiva 95/46 de protección de datos y su compatibilidad con el artículo 10.2.a) y b) del mencionado Reglamento LOPD. Como respuesta a la cuestión prejudicial, el TJCE resolvió, mediante sentencia de 24 de noviembre de 2011 (ver PDF), lo siguiente:
    • Que el artículo 7 de la Directiva 95/46 establece una lista taxativa de los casos en que un tratamiento de datos personales puede considerarse lícito. A saber: (i) que ese tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos; y (ii) que no prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del interesado.
    • Que el artículo 7.f) tiene efecto directo, por lo que puede ser invocado por un particular y aplicado por la jurisdicción española competente.

En base a lo anterior, el legislador español se ha excedido al exigir el requisito de que los datos objeto de tratamiento figuren en fuentes accesibles al público (art. 10.2.b del Reglamento LOPD), por lo que el Tribunal Supremo procede a su anualacion anularlo, por disconforme a derecho. Y ello mediante STS de 14 de febrero de 2012 (ver PDF).

Como conclusión a lo anterior, en adelante será legítimo el tratamiento de datos de terceros siempre que: (i) exista el consentimiento de los interesados; o (ii) un interés legítimo de la entidad que los trate o del tercero o terceros a los que se cedan, siempre que no se vulneren, en cada caso concreto, los derechos y libertades de los titulares de los datos.

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Candidatos a los premios de la II Edición de “Derecho en Red”

La II Edición de los premios a “mejor bitácora jurídica” y al “mejor post jurídico” organizados por Derecho En Red (asociación de la que formo parte desde sus inicios) junto con la editorial jurídica Bosch y la revista Iuris (grupo Wolters Kluver) cuenta ya con la lista definitiva de propuestas de entre los cuáles saldrá el ganador en cada una de las categorías.

Tal y como establecen las bases del premio, los miembros de la asociación Derecho en Red seleccionarán cinco blogs y cinco artículos de entre los presentados y se los transmitirán al jurado, que como en la edición anterior, estará formado de personas de reconocido prestigio quienes serán los encargados de decidir los ganadores de la presente edición.

Desde la Asociación nos congratulamos por la buena acogida en la blogosfera jurídica de los premios así como de la calidad de las candidaturas presentadas. Os mantendré informado de los que finalmente sean premiados.

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Reflexiones tras el cierre de Megaupload

Desde el cierrre de Megaupload la pasada semana, son muchas las voces que se han pronunciado al respecto. Por citar sólo algunas que sigo a través de Google Reader: Andy Ramos, Jorge Campanillas, Microsiervos, Enrique Dans, David Maeztu, etc. Asimismo, he leído el escrito de la acusación (PDF).

Por resumir, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI detuvieron, el pasado 5 de enero, a siete responsables de la empresa Megaupload Limited por presuntos delitos relacionados con infracción de propiedad intelectual y blanqueo de capitales. Se estima que las actividades realizadas a través de esta empresa y otras satélites desde el año 2005 han supuesto perjuicios a los titulares legítimos de los derechos que rondan los 500 millones de dólares. Junto a lo anterior se estima que, gracias a la publicidad y a los pagos de los usuarios de cuentas premium durante ese periodo, han podido acumular beneficios cercanos a 175 millones de dólares.

A continuación, algunas reflexiones al respecto.

1)      Actuación desmesurada: En primer lugar, me ha parecido desproporcionada la actuación llevada a cabo por la autoridad estadounidense competente contra la “Mega Conspiracy“. Me pregunto si no era posible la adopción de medidas menos drásticas que el cierre del servicio sin previo aviso a los usuarios del mismo. No olvidemos que, si bien es cierto que en Megaupload se almacenaba contenido protegido por derechos de autor -películas y música- y se incitaba a los usuarios a subir el mismo, no es menos cierto que había un porcentaje de usuarios que utilizaba este servicio para almacenar y compartir contenido de carácter personal que, con toda seguridad, no infringía derechos de terceros. Y el escrito de acusación se olvida proteger (ni siquiera menciona) los derechos de estos últimos. Es más, desde el cierre del servicio no se ha leído ninguna explicación sobre si los usuarios podrán acceder a su contenido y, en su caso, cuándo ocurrirá.

2)      ¿Se va a actuar contra servicios muy similares?: Por otro lado, considero que uno de los presuntos delitos de los que se acusa a la “Mega Conspiracy“, en concreto el referido a infracción de derechos de autor, también es cometido por servicios como YouTube, Dropbox, Fileshare, Filesonic, Rapidshare, etc. En definitiva, estos servicios permiten a sus usuarios subir contenido para que el mismo sea accesible por terceros, sin que exista una verificación previa de si éste vulnera o no derechos de terceros. Y a pesar que, tras el cierre de Megaupload, servicios similares han eliminado la opción de compartir documentos con otros usuarios (otros no), ello no les exime de responsabilidad por lo que han venido haciendo hasta ahora. Aquí podéis ver las posturas adoptadas por los servicios alternativos a Megaupload desde el cierre de éste.

3)      ¿Qué ocurrirá si se elimina el contenido de la industria del entretenimiento de los servicios de “descarga directa”? En este supuesto, apuesto por una estampida de usuarios de este tipo de servicios de “descarga directa” (redes centralizadas) a otros servicios tipo “torrent” (redes semidescentralizadas). Y de ser así, salvo que se persiga a los usuarios o se adopte alguna medida de calado frente a las operadoras, será prácticamente imposible detener esta nueva situación. En este escenario, los usuarios seguirán consumiendo contenido de la industria del entretenimiento dando la espalda a las alternativas que proponga la industria. Y ello porque, aunque no todos, son muchos los que piensan que no hay nada que pueda ofrecerles la industria que pueda competir con tener todo el contenido a disposición de forma gratuita.

4)      Posibles soluciones frente a la piratería. Para que esto no ocurra y los usuarios se planteen consumir contenido abonando una contraprestación económica a los titulares de los derechos, los usuarios demandan un servicio que aporte un valor añadido. Se proponen varias ideas al respecto:

  • Que se ofrezca la opción de “descarga directa” o streaming en distintos formatos sin DRM.
  • Que se de la opción del visionado en versión original y los distintos idiomas en los que haya doblaje, incluyendo subtítulos.
  • Que se permita el acceso al contenido de estreno en los distintos paises al mismo tiempo, independientemente de la ubicación del usuario.
  • Que se ofrezca un precio atractivo y una forma de pago sencilla
  • Que se permita acceder a todo el contenido en una única plataforma. En este sentido, Spotify ha realizado un gran esfuerzo en el mundo musical y ha conseguido gran cantidad de adeptos.

Seguiremos de cerca el desarrollo de este asunto que, según parece, ha supuesto un punto de inflexión en la forma en que los usuarios han venido consumiendo contenido de la industria del entretenimiento.

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II Edición de los Premios “Derecho en Red” al mejor blog jurídico

Desde Asociación Derecho en Red, de la que formo parte, junto con la editorial jurídica Bosch, hemos lanzado la II Edición de los premios a “mejor bitácora jurídica” y al “mejor post jurídico”, en reconocimiento de aquellas personas e iniciativas interesadas en el derecho y que hayan contribuido durante el pasado año 2011 de una manera más notable a la difusión de esta ciencia mediante el uso de bitácoras en internet en España.

En su primera edición resultaron ganadores como mejor blog: El blog de Sevach en http://www.contencioso.es y correspondiendo a Miquel Peguera el del mejor post por: Atipicidad de los enlaces.

La mecánica para la elección del mejor blog y post jurídico será la misma que la edición anterior, centrándose la elección de las candidaturas en el blog de la asociación, para posteriormente elevar los 5 más votados a un jurado formado por personas de reconocido prestigio. El plazo de proposición de candidaturas finaliza el próximo 31 de enero de 2011.

Toda la información del premio así como las bases completas de la convocatoria se encuentran publicadas en el blog de la asociación.

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Plazos incluidos en la Ley 15/2010 contra la morosidad

Por razones de trabajo, suele ser recurrente acudir a la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

A continuación, los principales aspectos que la citada normativa regula.

Será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración y se obliga a las empresas a adaptarse progresivamente al plazo máximo de pago (60 días para empresas y 30 para el sector público), conforme al siguiente calendario y tomando como referencia la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios:

  • Hasta el 31/12/2011: 85 días naturales.
  • Desde el 1/01/2012 y hasta el 31/12/2012: 75 días naturales.
  • A partir del 1/01/2013: 60 días naturales.

En el ámbito del sector público, el régimen transitorio es el siguiente:

  • Hasta el 31/12/2011: 50 días naturales.
  • Desde el 1/01/2012 y hasta el 31/12/2012: 45 días naturales.
  • A partir del 1/01/2013: 30 días naturales.

Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste. La indemnización no podrá superar el 15 por ciento de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate.

Algunas consideraciones al respecto:

  • Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago que difieran en cuanto al plazo de pago establecido.
  • Los proveedores deberán hacer llegar las facturas antes de que transcurran 30 días desde la prestación de los servicios.
  • Los plazos indicados aplicarán a todas las formas de pago posibles (confirming, cheque, pagaré, letra de cambio, etc.).
  • Si una empresa tiene establecido un día específico de cada mes para pagar a sus proveedores, deberá respetar los plazos.
  • En aquellas operaciones internacionales a las que aplique la legislación española resultarán de aplicación los plazos mencionados.

Más información en el BOE correspondiente.

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La Audiencia Nacional anula la Orden que regula el “canon digital”

Con fecha 15 de marzo de 2011, la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional anuló la conocida como “ley del canon digital” (Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, por la que se establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción). El texto de la sentencia aquí (PDF).

La demanda, interpuesta por la Asociación de Internautas contra AISGE, EGEDA, AGEDI, CEDRO, SGAE, AIE y Cableuropa S.A.U, ataca el sistema recaudatorio genérico que prevé la citada norma, que prescinde del concepto legal de copia privada y grava de forma indiscriminada todo uso de la tecnología digital (sin contemplar excepción alguna), aludiendo expresamente el escrito de demanda a las empresas y Administraciones Públicas para aducir que no pueden hacer copias privadas. Por esta razón, la demandante suscita:

  • Una cuestión de inconstitucionalidad de los artículos 25 y 31 del Texto Refundido de Ley de Propiedad Intelectual (en la versión operada por la Ley 23/2006),
  • Que se declare la no conformidad a Derecho de la Orden PRE/1743/2008 y, en su caso, la anulación de la misma,
  • Que se declare la nulidad con efectos retroactivos de toda recaudación realizada abusivamente y se ordene el cese del cobro indiscriminado de la compensación equitativa por copia privada.

Sin embargo, la AN pone de relieve que la Orden PRE/1743/2008 careció en su expediente administrativo de los trámites relativos al dictamen del Consejo de Estado y a las memorias justificativa y económica. La mera ausencia del dictamen del Consejo de Estado sería motivo suficiente, según la AN, para proceder a la nulidad de la citada norma. Y si a ello unimos el haberse prescindido de las memorias justificativa y económica, todo ello conlleva a la calificación de nulidad de pleno Derecho de la Orden PRE/1743/2008 conforme al artículo 62.2 de la Ley 30/1992.

Es por ello por lo que la AN no entra a valorar los motivos de fondo articulados por la demandante y procede a estimar en parte el recurso interpuesto por la Asociación de Internautas y declara la nulidad de pleno Derecho de la Orden PRE/1743/2008.

Sin embargo, el tribunal no acepta las pretensiones de la demandante de devolver lo recaudado por el canon digital. La Sala se considera carente de jurisdicción en relación con tales peticiones, dada la naturaleza jurídico-privada del canon digital, lo que determina la falta de competencia del tribunal.

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